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ANDALUCÍA

La Audiencia reabre la causa penal contra la adjudicación a Minorbis de la mina de Aznalcóllar

Pide la declaración judicial del exinterventor general de la Junta y hoy presidente de la Sepi, así como del presidente de Magtel

Mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla ABC
María Jesús Pereira

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La sección séptima de la Audiencia, de la que forma parte Mercedes Alaya, ha estimado íntegramente el curso de apelación que presentó Emérita Resources España contra la decisión de un juzgado de Instrucción de archivar la causa penal abierta por presuntas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía al grupo México- Minorbis (participada por Magtel).

La Audiencia ha revocado el sobreseimiento de la causa y ha ordenado la reapertura de la causa para confirmar si hubo delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación, entre otros. Asimismo, pide que se tome declaración en calidad de investigados a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, vicepresidente y presidente de Magtel, respectivamente;y a Vicente Cecilio Fernández Guerrero, exinterventor general de la Junta de Andalucía y hoy presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mario López Magdaleno (izquierda) y Vicente Cecilio Fernández Guerrero (derecha) ABC

E n el auto de la Audiencia, donde se afirma que el concurso está lleno de ilegalidades «groseras y burdas», se indica que la Junta de Andalucía debe informar a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros en la mesa de contratación y la comisión técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación, así como los puestos que desempeñaron tras el mismo, especificando fechas de ascenso. En este sentido, apunta que sería aconsejable que se practique la misma diligencia respecto del que fuera secretario de la Consejería de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entre 2012 y 2016 ha sido secretario general de Innovación, Industria y Energía.

Como se recordará, e l Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla archivó por segunda vez la causa penal de la mina de Aznalcóllar, un concurso que recurrió la empresa que no resultó seleccionada, Emérita Resources, por supuesto amaño en el proceso. La juez instructora descartó trato de favor de la Junta a Minorbis/Magtel, adjudicatario de la explottación.

Alegaciones de Emérita

Emérita alegó que la oferta de Minorbis-Grupo México no cumplía los requisitos de las bases del concurso, que era menos rentable económicamente para las arcas públicas, que se habría producido un delito de cohecho porque tanto miembros de la comisión técnica como de la mesa de contratación fueron ascendidos en fechas cercanas al concurso y que hubo un presunto delito de tráfico de influencias de Isidro y Mario López Magdaleno, vicepresidente y presidente de Magtel, respectivamente, por su relación amistosa con Vicente Fernández Guerrero.

Emérita dice que en 2014 , Isidro López Magdaleno le visitó para proponerle refundir los proyectos alegando que Magtel «tenía la llave del concurso» y para demostrárselo cinco minutos después le llamó Vicente Fernández.

Prevaricción

En el auto judicial se indica que Minorbis presentó la oferta sin demostrar su solvencia económica . A posteriori, Grupo México respaldó económica y financieramente esa oferta, pero ese apoyo quedaba a su libre arbitrio, aunque en la fase segunda del concurso la Junta admitió «sin reparos» la figura del consorcio Grupo Mexico-Minorbis, indica la Audiencia.

Además, Minorbis, creada en marzo de 2014, estaba recién creada y no tenía experiencia en explotaciones mineras, a juicio de la Audiencia. Emérita, según la Audiencia, sí acreditó la solvencia técnica exigida, así como permisos de investigación en diferentes zonas.

En mayo de 2015, la Junta autorizó la explotación de la mina de Aznalcóllar a la sociedad Minera Los Frailes , creada cuatro meses antes por Minorbis (2,5%) y Grupo México. Antes de la aceptación, Minera Los Frailes se dotó de un capital social de 93 millones. Para la Audiencia, Grupo México se sirvió de Minorbis para presentarse al concurso sin participar en el mismo.

La Audiencia considera «indiciariamente que Minorbis habría perdido los derechos mineros derivados de la adjudicción del concurso por no haber aceptado la adjudicación del mismo y que sus derechos estarían ostentandos ilegalmente, con la anuencia de la Administración y siguiendo un plan preconcebido, por otra sociedad controlada casi en la totalidad de su accionariado, por una entidad que no participó en el concurso. Es por ello que exiten en esta fase provisoria poderosos indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación».

Presunto tráfico de influencias

La Audiencia ordena investigar un presunto delito de tráfico de influencias tras los e-mail entre Vicente Fernández Guerrero y los directivos de Magtel , participada por Minorbis. «De ellos se desprende una excelente relación personal entre ambas partes», dice. En 2014, Emérita dice además que Magtel le propuso refundir los proyectos «porque tenía la llave del concurso».

El auto de la Audiencia de Sevilla dice que en los correos electrónicos «d estaca una estancia de varios días de los representantes de la empresa Magtel con Vicente Fernández y con una persona del círculo íntimo de este último, cuyo país de origen es Brasil», que habría organizado encuentros de Magtel con responsables de la multinacional internacional Odebrecht.

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