El «escándalo» de las 600 bajas docentes registradas nada más empezar el curso en los centros públicos sevillanos, fue sólo un anticipo del problema que se ha generado en el primer trimestre del año, periodo en el que de los mil profesores de baja en enero se ha llegado a los 1.450 del pasado mes de abril, según informó ayer la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Sevilla, Fapa, «Nueva Escuela». Esta organización ya había denunciado recientemente la existencia de unas doscientas bajas sin cubrir, a raíz de los datos que le trasladaban los propios centros. Tras la reunión mantenida el pasado lunes con el delegado provincial de Educación, Jaime Mougán, la Fapa indicaba ayer que la Administración ha cubierto un 65% de esas bajas y que, según señaló el delegado, «en la semana próxima se volverá a la normalidad».

José María Mesa, presidente de la Fapa «Nueva Escuela», mostró ayer a ABC su preocupación por el hecho de que un 7% de los algo más de 20.000 docentes de la provincia se hallen de baja. Mesa afirma que se desconocen los motivos que han podido influir en este repunte. Lo que sí parece claro es que la Delegación dispone de 25 millones de euros anuales para realizar esas coberturas y que, «con este ritmo, se hubiese agotado el presupuesto en poco tiempo. Ante esta circunstancia, el delegado ha tenido que adoptar medidas casi policiales para controlar las numerosas bajas, lo que ha ralentizado el proceso», asegura la Fapa. Entre esas medidas apunta al aumento de las inspecciones médicas, alcanzando las 50 diarias. «Incluso —continúa— se han visitado a los docentes enfermos en sus casas y se les ha llamado por teléfono; también se han mantenido reuniones con la Seguridad Social para controlar las bajas de los docentes laborales».

José María Mesa destaca igualmente que la Inspección educativa esté manteniendo reuniones con algunos equipos directivos «para recordarles sus obligaciones con respecto a la distribución de sus plantillas y de los horarios». Esta Federación de Apas aboga por mantener y aumentar el control de las bajas para así «evitar la picaresca» que pudiera producirse, como puede suceder en cualquier otro sector. Del mismo modo, entiende que la Inspección debería analizar los horarios de los centros educativos, «sobre todo en Secundaria, donde algunos profesores confunden las horas que no son de clase directa con horas libres; de hecho, en algunos centros se concentran esas horas al principio o al final de la jornada para poder llegar al centro más tarde, o irse a casa antes, por lo que a menudo no hay docentes en el centro para sustituir a sus compañeros».

Los derechos laborales

Con todo, José María Mesa subraya que, afortunadamente, «la mayoría de los centros funcionan bien y que no se pretende ofrecer una imagen negativa generalizada, pero hay que atajar esas prácticas en aquellos centros que abusan». El presidente de la Fapa no pasa por alto tampoco que es un problema en el que inciden diversas variables, pues «los derechos laborales de los docentes chocan a menudo con el derecho a la educación de calidad que queremos para nuestros hijos». En este punto, trae a colación «situaciones curiosas, como la de una baja de un IES, que no se puede cubrir, pues todos los que se envían a ese puesto renuncian, ya que es para media jornada, u otro caso en el que renuncian porque es un centro alejado de la capital».